El 1 de julio de 2025, la Cámara de Diputados despachó a ley el proyecto que modifica la entrega de permisos sectoriales, conocido como la ley de “permisología”. Se trata de una de las principales iniciativas del Gobierno para agilizar la tramitación de proyectos de inversión, incluyendo aquellos del rubro inmobiliario, y ha sido valorada transversalmente por el mundo empresarial.
La nueva normativa busca reducir entre un 30% y un 70% los tiempos de tramitación, dependiendo del tipo de proyecto. Para lograrlo, se moderniza y estandariza el proceso de más de 380 permisos que actualmente deben gestionarse ante 37 organismos públicos, pertenecientes a 12 ministerios distintos.
Entre los principales cambios, destacan:
- Establecimiento de plazos máximos legales para los trámites.
- Uso de formularios estandarizados para iniciar procesos.
- Aplicación de silencio administrativo positivo, lo que significa que si no hay respuesta en el plazo legal, se interpreta como una resolución favorable.
- Permisos de bajo riesgo podrán ser reemplazados por declaraciones juradas o avisos, permitiendo avanzar más rápido y dejando la fiscalización para una etapa posterior.
- Implementación de una ventanilla única digital para todos los permisos sectoriales, con trazabilidad, seguimiento y denuncias confidenciales.
- Creación de una Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión, con atribuciones para coordinar y evaluar el sistema completo.
Además, los organismos públicos estarán obligados a revisar cada tres años la necesidad, proporcionalidad y eficiencia de los permisos que otorgan, con el fin de mantener solo los realmente necesarios.
Según estimaciones del Comité de Expertos sobre Espacio Fiscal y Crecimiento Tendencial, esta reforma podría generar un aumento del PIB de 2,4% en 10 años, además de favorecer la reactivación del empleo en sectores como construcción, comercio, salud y servicios.
Si bien la ley fue aprobada con amplio respaldo, también generó críticas en algunos sectores políticos, particularmente en relación con su posible impacto en la protección ambiental. Desde el Gobierno se aclaró que los estándares medioambientales, sanitarios, patrimoniales y de seguridad se mantienen sin cambios.
Para el mundo inmobiliario, esta ley representa una señal de mayor agilidad y certidumbre en el desarrollo de proyectos. En CFL Inmobiliaria seguiremos atentos a la implementación de esta normativa, entendiendo que toda mejora en los procesos también es una oportunidad para avanzar en forma más clara, ordenada y eficiente.
Fuentes: Ministerio de Economía – Cámara de Comercio Santiago – Cámara Nacional de Comercio
